TAPA DEL DÍA El Ejecutivo nacional definió que no implementará el aumento en las prestaciones a personas con discapacidad, a pesar de que el Congreso revirtió el veto presidencial. La Casa Rosada planea, en cambio, suspender su aplicación mediante un decreto del presidente Javier Milei, según informaron fuentes oficiales. La estrategia, que tomó fuerza en los últimos días dentro de los equipos técnicos de Balcarce 50, busca postergar la erogación presupuestaria hasta la aprobación del Presupuesto 2026. El Gobierno espera que las demandas por el incumplimiento sean presentadas por particulares, lo que permitiría atomizar los procesos judiciales y ganar tiempo. El equipo judicial de la Presidencia, integrado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y la Procuración del Tesoro, bajo la coordinación de Santiago Castro Videla, analiza la jurisprudencia para respaldar la medida. Según indicaron, la decisión se sustenta en el impacto fiscal de la ley y en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que obliga a especificar fuentes de financiamiento ante gastos no previstos en el presupuesto. El Ejecutivo mantiene que la Ley de Presupuesto General es la herramienta central para la planificación del gasto público y descarta recurrir a la Corte Suprema, cuestionando la legalidad de la autoconvocatoria del Senado y la validez de lo aprobado en la sesión reciente. Mientras tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había señalado que se consideraba un aumento, pero fuentes oficiales aclararon que “hasta que no se defina el frente judicial, no habrá ningún incremento”. El abogado constitucionalista Marcelo Bermolén advirtió que la suspensión mediante un DNU es “altamente judicializable”. Agregó que la estrategia del Gobierno probablemente genere fallos variados en diferentes juzgados, postergando la ejecución de la ley y evitando que el Estado quede obligado a aplicarla de manera inmediata. En este contexto, la medida genera expectativas y preocupación entre organizaciones vinculadas a la discapacidad, que advierten sobre el impacto en los beneficiarios mientras se resuelve la vía judicial. TAPA DEL DÍA
