El kirchnerismo decidió llevar la disputa por el modelo laboral al centro del Congreso. En los próximos días presentará una contrarreforma laboral que se propone confrontar de manera directa la iniciativa de “modernización” impulsada por el gobierno de Javier Milei. El proyecto fue elaborado en el ámbito del Partido Justicialista, con participación activa de sindicatos de la CGT y la CTA, y cuenta con el aval político de Cristina Fernández de Kirchner. La redacción del borrador estuvo coordinada por la Secretaría de Relaciones Laborales del PJ Nacional, a cargo de la diputada Vanesa Siley, y se articula con la estrategia parlamentaria de Unión por la Patria en ambas cámaras. En el Senado, referentes como Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti trabajan para unificar la postura opositora y darle volumen político a una iniciativa que busca instalar una discusión de fondo sobre el trabajo en la Argentina actual. El punto de partida del proyecto es un diagnóstico que cuestiona el eje central del oficialismo. Para el kirchnerismo, la flexibilización laboral no genera empleo registrado ni mejora la productividad, sino que deriva en pérdida de derechos, salarios más bajos y mayor precariedad. “Primero hay que discutir el diagnóstico”, sostienen desde el PJ, y anticipan que ese contrapunto quedará explicitado en los fundamentos del dictamen. La propuesta se estructura sobre tres ejes: ingresos, tiempo de descanso y salud. Según el documento de trabajo, el deterioro del salario empujó a una creciente pluriactividad, al avance de la informalidad y a nuevas formas de empleo ligadas a plataformas digitales. A su vez, la extensión de las jornadas para compensar ingresos insuficientes reduce el tiempo personal y profundiza el desgaste físico y mental de los trabajadores. Uno de los capítulos más sensibles es el salarial. El proyecto sostiene que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debe cubrir efectivamente el costo de la Canasta Básica Total. La brecha entre el salario mínimo vigente y el valor de la canasta es presentada como una evidencia de incumplimiento del espíritu de la ley. Sin fijar un monto concreto, el texto reclama restituir el carácter “vital y móvil” del ingreso básico. En esa línea, se reivindican las paritarias libres, sin topes ni condicionamientos, como herramienta central de negociación entre trabajadores y empleadores. La iniciativa también establece que el salario debe abonarse íntegramente en dinero, descartando cualquier forma de pago en especie. La reducción de la jornada laboral es otro de los pilares. El kirchnerismo propone bajar el límite semanal de 48 a 42 horas, con el objetivo de avanzar hacia las 40 horas en el mediano plazo. El argumento se apoya en los avances tecnológicos y en la necesidad de compatibilizar productividad con calidad de vida. Desde el PJ rechazan de plano los esquemas de “bancos de horas” que habilitan jornadas extensas. El proyecto incorpora además una ampliación significativa de la licencia por paternidad, que pasaría de los actuales dos días a 90 días, con financiamiento estatal a través de la ANSES e inclusión de monotributistas. La equiparación con la licencia materna es presentada como una política de cuidados y de igualdad, sin trasladar costos a los empleadores. En materia de salud y condiciones laborales, se prevé la creación obligatoria de Comités Mixtos de Seguridad e Higiene en empresas de más de 50 trabajadores. Estos organismos, integrados por representantes sindicales y empresariales, abordarán tanto los riesgos físicos como los psicosociales, incorporando la salud mental como dimensión central del mundo del trabajo. El trabajo en plataformas digitales ocupa un capítulo específico. A diferencia de la propuesta oficial, que impulsa la figura del repartidor independiente, la contrarreforma promueve la negociación colectiva por empresa. El texto incluye límites a los bloqueos sin causa, instancias de defensa, estaciones sanitarias obligatorias, transparencia algorítmica, portabilidad de datos y el derecho a la desconexión digital. El proyecto también anticipa el debate sobre la regulación del uso de inteligencia artificial en la organización del trabajo y los procesos productivos, un punto que busca adelantarse a los cambios tecnológicos que ya impactan en el empleo. El contrapunto con el oficialismo es explícito. La oposición cuestiona la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, los cambios en las indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral, al que considera perjudicial para la Seguridad Social. Desde el bloque advierten que ese esquema podría implicar una fuerte pérdida de recursos para el sistema jubilatorio. Vanesa Siley sintetizó la posición política del espacio al afirmar que ninguna ley, por sí sola, crea empleo y que el nivel de ocupación depende del modelo económico. Como antecedente, citó las modificaciones laborales incluidas en la Ley Bases y sostuvo que, pese a esos cambios, los indicadores de empleo y de cantidad de empresas no mostraron mejoras. De este modo, el kirchnerismo busca instalar una disputa que excede el debate técnico. La contrarreforma laboral se presenta como una discusión de modelos: flexibilización y reducción de costos versus fortalecimiento del salario, menor jornada y mayor regulación estatal. En ese escenario, el Congreso se perfila como el principal campo de batalla política. El avance de ambos proyectos anticipa meses de alta tensión legislativa y social. Lo que se discuta en el recinto no solo definirá reglas laborales, sino también el tipo de organización económica y social que la Argentina proyecta hacia el futuro, una disputa que ya ocupa el centro de la agenda pública. Opinión pública: Más allá de la viabilidad parlamentaria, la contrarreforma del kirchnerismo pone sobre la mesa una discusión que el Gobierno intenta resolver únicamente desde el costo laboral. En un contexto de ingresos deteriorados y cambios tecnológicos acelerados, el debate no parece ser solo cuántas horas se trabaja, sino para qué modelo de país se legisla. TAPA DEL DÍA 
