TAPA DEL DÍA. Un escándalo de proporciones sacude a la Unidad Regional II de la Policía de Rosario: el Ministerio de Seguridad de Santa Fe decidió intervenir la fuerza por 90 días tras detectar una maniobra de malversación de fondos públicos que superaría los 45 millones de pesos mensuales, vinculados al sistema de carga de combustible para patrulleros. La investigación, encabezada por el fiscal José Luis Caterina y originada a partir de una denuncia anónima, derivó en la detención de 16 policías —varios con trayectoria destacada— y cuatro civiles. Se trata de un caso grave de sobrefacturación, con tarjetas “Visa Flota” asignadas a móviles policiales que eran centralizadas para simular cargas y desviar dinero en connivencia con una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900. Durante una conferencia de prensa, el ministro Pablo Cococcioni y el fiscal regional Matías Merlo detallaron el modus operandi: un esquema sostenido con uso de posnets en domicilios particulares, escuchas telefónicas y vigilancia GPS a los móviles, que permitió probar el fraude. TAPA DEL DÍA. La intervención estará a cargo del director Claudio Romano, y ya se ejecutó el desplazamiento de la cúpula policial, incluidos el jefe Daniel Acosta y su segundo Mariano Govi. “Los policías fueron puestos en disponibilidad de forma preventiva. Vamos a fondo contra la corrupción”, advirtió Cococcioni. El operativo incluyó 38 allanamientos simultáneos en dependencias policiales y domicilios particulares en Rosario, Funes, Alvear, Pueblo Esther, Pérez, Monte Flores y Villa Gobernador Gálvez. Se secuestraron tarjetas, dispositivos electrónicos, documentación y el posnet de la estación involucrada, hallado en una vivienda. La causa se centra en una sobrefacturación sistemática que afectó fondos públicos destinados a la seguridad. "No vamos a permitir que algunos vivos hagan negocios particulares con el dinero de los contribuyentes", sostuvo el ministro. TAPA DEL DÍA. Desde el Gobierno provincial remarcaron que el combate a la corrupción institucional será inflexible, y que habrá auditorías en toda el área de movilidad policial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones.