El Gobierno de Javier Milei formalizó una de sus iniciativas fiscales más ambiciosas: envió al Congreso la llamada “Ley de Principio de Inocencia Fiscal”, un proyecto que propone frenar el enfoque inquisidor del Estado hacia los contribuyentes, blindar a quienes adhieran al nuevo régimen impositivo y, sobre todo, fomentar el regreso de los dólares escondidos fuera del sistema. El plan, definido como una “Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, promete un cambio de paradigma. Ya no más el Estado “cazador de presas fiscales”, sino un sistema más simple, con menos persecuciones penales y criterios claros para evitar denuncias arbitrarias. El proyecto busca simplificar el sistema y generar un nuevo marco de confianza con los ciudadanos. Detalles del texto enviado al Congreso, y recogimos las primeras impresiones del sector tributario. Entre los puntos clave se destacan: Se eleva drásticamente el umbral penal: el fraude fiscal pasa de $1,5 millones a $100 millones; apropiación indebida de tributos de $2 millones a $200 millones; y aprovechamiento indebido de beneficios fiscales de $100 mil a $10 millones. Extinción de la acción penal: si el contribuyente regulariza su deuda con un adicional del 50% en 30 días, no habrá proceso penal (salvo casos con documentación falsa). Se excluyen errores técnicos o diferencias de criterio: no se denunciarán penalmente diferencias contables evidentes o interpretaciones fiscales. Prescripción más corta: 3 años para quienes presenten correctamente sus declaraciones; 5 para el resto de los inscriptos; 10 para no inscriptos. Nuevo régimen simplificado: para personas humanas y sucesiones con ingresos menores a $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones. El diputado José Luis Espert fue el vocero político del anuncio y lanzó una advertencia al Congreso: “O acompañan para liberar a los argentinos o son cómplices de seguir arruinándoles la vida”. También apuntó contra gobernadores no alineados y en especial contra Axel Kicillof, al que tildó de “soviético”. No obstante, las dudas persisten. ¿Habrá garantías reales a largo plazo para quienes blanqueen? ¿Podría una futura gestión revertir este “blindaje fiscal”? ¿Y cómo impactará todo esto en la recaudación nacional? Cuatro tributaristas de renombre dieron su veredicto a este medio: Alberto Mastandrea (BDO): destacó que el “efecto liberatorio del pago” y la presunción de exactitud marcan una evolución del viejo tapón fiscal. Sebastián Domínguez (SCD): celebró la simplificación del régimen, pero advirtió que “no hay blindaje total”, en especial para monotributistas y grandes contribuyentes. César Litvin: recalcó que los pequeños contribuyentes ganan margen, pero los excluidos del nuevo régimen siguen expuestos. “Los que no ingresan, deberán ser muy cautelosos”, afirmó. Diego Fraga: destacó que el régimen evita que ARCA use aumentos patrimoniales no justificados como disparadores automáticos de fiscalización. El consenso general entre los expertos es que el proyecto podría generar un impacto positivo en la recaudación a mediano plazo, al ampliar la base de contribuyentes regulares y fomentar el uso de capitales hoy ocultos. Sin embargo, aclaran que todo dependerá de cómo se implemente y del respaldo político que logre en el Congreso. Para el Gobierno, será clave ganar esa batalla legislativa. Si el Congreso lo frena, Milei podrá acusar a la política de obstaculizar la “liberación fiscal” de los argentinos. Pero si avanza, será una de las reformas más disruptivas del sistema tributario desde el regreso de la democracia. Opinión pública: La propuesta despierta adhesiones incluso entre sectores tradicionalmente escépticos. El mensaje que da el Gobierno —que la evasión no siempre es sinónimo de delito— toca una fibra sensible en una sociedad que desconfía del fisco. Si el régimen se concreta y funciona, podría marcar un antes y un después en la relación de los argentinos con sus impuestos. Redacción del Diario Tapa Del Día