En un escenario de creciente tensión fiscal, los 24 gobernadores argentinos han intensificado sus gestiones para reclamar al Gobierno nacional una distribución más equitativa y transparente de los ingresos coparticipables. Sin distinción partidaria, la cúpula provincial alertó que la situación financiera es crítica y que, de no mediar respuestas urgentes, la parálisis en las obras públicas y los servicios esenciales se profundizarán. El reclamo tomó fuerza en las nuevas oficinas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde Gerardo Zamora, referente clave y portavoz de los mandatarios, expresó la preocupación generalizada: "Todos estamos peor", reflejando la crisis que atraviesan las provincias en materia económica y social. En ese contexto, se gestó un proyecto de ley que busca eliminar los fondos fiduciarios vinculados al impuesto a los combustibles líquidos, con el objetivo de que tanto Nación como las jurisdicciones dispongan libremente de esos recursos según sus prioridades. Además, se propone elevar al 58,36% la asignación para las provincias y garantizar una distribución directa y automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que hasta ahora se entregan de manera discrecional y reducida. Los funcionarios nacionales, representados por Carlos Guberman y Lisandro Catalán, no lograron brindar respuestas concretas en la última reunión, y sólo prometieron analizar la propuesta y avanzar en el traspaso de obras viales, cuya deteriorada situación es un tema de urgente atención para los mandatarios. La crisis financiera obliga a algunas provincias a adoptar medidas extremas, como la congelación de salarios en la administración pública, mientras que otras luchan por cumplir con compromisos básicos como el pago de sueldos y aguinaldos. El impacto se refleja también en los municipios, donde la caída en la coparticipación y el aumento del endeudamiento en dólares complican aún más la gestión local. La unidad de los gobernadores parece sólida, pero existen debates internos sobre cómo y cuándo aumentar la presión al Ejecutivo, ya sea a través del Senado con la presentación del proyecto de ley o mediante negociaciones prolongadas. El vínculo con la Casa Rosada se encuentra en uno de sus puntos más delicados, y la alianza que sostiene la estabilidad política enfrenta una prueba clave. En medio de este escenario, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció un acuerdo electoral con La Libertad Avanza, aunque firmó el proyecto conjunto de los gobernadores, ilustrando las complejidades y tensiones de la coyuntura política. El Gobierno, por su parte, mantiene una postura cautelosa, preocupado por el posible impacto parlamentario de los gobernadores en votaciones clave, mientras se suceden los cruces públicos y privados sobre la distribución y gestión de los recursos. TAPA DEL DÍA - www.tapadeldia.com Opinión pública: La presión unificada de los gobernadores refleja una realidad ineludible: sin una distribución justa y transparente de los recursos, las provincias enfrentarán una crisis de gobernabilidad que puede impactar directamente en la calidad de vida de millones de argentinos. La incertidumbre política y fiscal amenaza con profundizar las divisiones y desatar consecuencias que trascienden lo económico, poniendo a prueba la cohesión institucional del país.